Habitar antes que expandir

Vivienda, suelo y resiliencia como una sola política urbana

Cuando el suelo se habilita lejos de los servicios y las oportunidades, crecer también puede significar profundizar desigualdades. En estos primeros diez días de Octubre Urbano, en Taller 2-12 hemos puesto en discusión las decisiones que suelen presentarse como inevitables. Habitar antes que expandir cuestiona aquella idea cómoda de que toda expansión representa progreso, como lo hemos venido haciendo en nuestro canal.

Una ciudad puede construir miles de viviendas y, aun así, no resolver el problema habitacional. Si esos hogares quedan lejos del empleo, del transporte, de los servicios y del espacio público, el déficit no desaparece: cambia de forma. Por eso la vivienda no debería evaluarse solo por el número de unidades construidas, sino también por dónde se localiza, cuánto cuesta habitarla y qué condiciones urbanas la sostienen.

En Ecuador, el 63,1 % de la población vive en áreas urbanas, según el Censo de 2022. Esa concentración vuelve decisivas las políticas que organizan el suelo, las redes y la localización de la vivienda. La vivienda adecuada comprende más que un techo: incluye seguridad de tenencia, servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

El lugar donde se construye una vivienda influye en el tiempo que una familia dedica a desplazarse, en su acceso a oportunidades y en el costo que asume la ciudad para extender y mantener infraestructura. Un terreno barato puede terminar siendo caro si obliga a ampliar redes, construir nuevas vías y sostener servicios a grandes distancias.

La cobertura de servicios muestra que las condiciones de habitabilidad también son desiguales. En 2022, Ecuador registró 97,5 % de cobertura de electricidad, 84,2 % de agua por red pública y 65,8 % de alcantarillado. En Manabí, las cifras fueron 96,2 %, 61,1 % y 43,6 %, respectivamente (INEC, 2023b). Construir vivienda sin atender esas brechas puede dejar hogares nuevos sobre una ciudad incompleta.

La política habitacional tampoco debería reducirse a construir unidades nuevas. Parte del déficit puede atenderse con mejoramiento, ampliación, seguridad estructural y acceso a servicios. Cuando esas intervenciones permiten que las familias permanezcan en sus barrios, también protegen redes de cuidado, actividades económicas y vínculos comunitarios.

“Un terreno barato puede terminar siendo caro si obliga a ampliar redes, construir nuevas vías y sostener servicios a grandes distancias.”

Los asentamientos informales no son espacios vacíos ni realidades ajenas a la ciudad: allí existen hogares, comercios, economías barriales y relaciones comunitarias. En 2022, 1.12 mil millones de personas vivían en asentamientos informales y barrios precarios en el mundo, según UN-Habitat. Reconocer esa realidad no implica aceptar la precariedad; exige respuestas que mejoren servicios, reduzcan riesgos y atiendan las condiciones de cada lugar antes de recurrir a soluciones de desplazamiento indiscriminadas.

La intervención pública debe distinguir entre aquello que puede mejorarse y aquello que presenta riesgos que no pueden mitigarse de forma suficiente. Regularizar, ampliar redes, mejorar el espacio público y reducir la exposición a amenazas puede ser más responsable que tratar la erradicación como una respuesta automática. La planificación debe trabajar con la ciudad que ya existe, sin convertir el reconocimiento de sus comunidades en una excusa para perpetuar condiciones indignas.

Las normas urbanísticas suelen presentarse como decisiones técnicas, pero sus efectos son cotidianos. Los usos permitidos, las alturas, las densidades, los retiros y los tamaños mínimos de lote influyen en qué se puede construir, cuánto suelo queda disponible y quién puede acceder a determinadas zonas.

Por eso, revisar una norma debería implicar evaluar también sus consecuencias sobre la oferta de vivienda, el precio del suelo y la diversidad social. La regulación puede ordenar el crecimiento, pero también puede restringir opciones habitacionales o encarecer el acceso si no considera las condiciones reales del mercado y de los hogares.

La ENEMDU reportó para mayo de 2026 un ingreso laboral promedio mensual de USD 516 en el área urbana. Esta cifra no equivale a la capacidad de compra de cada hogar, pero recuerda que los precios de vivienda, alquiler y suelo deben analizarse en relación con los ingresos y no de manera aislada (INEC, 2026).

“La regulación puede ordenar el crecimiento, pero también puede restringir opciones habitacionales o encarecer el acceso si no considera las condiciones reales del mercado y de los hogares.”

La expansión urbana no es gratuita. Cada nuevo desarrollo periférico demanda vías, transporte, redes, equipamientos y recursos públicos para su mantenimiento. Antes de incorporar más suelo, los gobiernos locales deberían evaluar cuánto potencial puede atenderse en barrios consolidados, vacíos urbanos y áreas que ya cuentan con infraestructura. El indicador ODS 11.3.1 permite comparar el consumo de suelo con el crecimiento de la población. En una muestra de 781 ciudades de 123 países, entre 2020 y 2025 la tasa anual de consumo de suelo urbano fue de 0,83 %, frente a 0,81 % de crecimiento poblacional. La diferencia es pequeña, pero muestra que, en esa muestra, la ciudad siguió ocupando suelo algo más rápido que el crecimiento de su población.

La resiliencia climática también depende de cómo se ocupa ese territorio. Cuando se impermeabilizan superficies, se eliminan áreas de absorción o se ocupan cauces y quebradas, la lluvia encuentra menos espacio para infiltrarse y conducir su escorrentía. El drenaje convencional es necesario, pero debe complementarse con superficies permeables, restauración de cauces, parques inundables e infraestructura verde y azul integrada a la planificación urbana.

La discusión, entonces, no consiste en elegir entre construir vivienda o proteger el territorio. Consiste en decidir dónde, cómo y con qué infraestructura se construye, y en reconocer que mejorar la ciudad existente también es una política de vivienda. La responsabilidad municipal es dejar de medir el desarrollo solo por la cantidad de suelo habilitado o de unidades edificadas. Una ciudad habitable se construye cuando vivienda, servicios, regulación y sistemas naturales se planifican como partes de una misma decisión territorial.

Fuente

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023a, 13 de septiembre). Ecuador creció en 2,5 millones de personas entre 2010 y 2022. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/ecuador-crecio-en-2-5-millones-de-personas-entre-2010-y-2022/

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023b, 1 de noviembre). A escala nacional el acceso a servicios básicos en el Ecuador revela un progreso gradual. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/a-escala-nacional-el-acceso-a-servicios-basicos-en-el-ecuador-revela-un-progreso-gradual/

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2026). Principales resultados: Mercado laboral—ENEMDU, mayo 2026 [Boletín técnico]. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2026/Mayo_2026/202605_Boletin_empleo_ENEMDU.pdf

United Nations Human Settlements Programme. (2022, mayo). Children, cities and housing: Rights and priorities. https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/08/children-cities-and-housing-rights-and-priorities.pdf

United Nations Human Settlements Programme. (2025). Integrating nature-based solutions into urban and territorial planning: Building biodiverse and resilient cities. https://unhabitat.org/integrating-nature-based-solutions-into-urban-territorial-planning

United Nations Human Settlements Programme. (2026). Strategic plan 2026–2029. https://unhabitat.org/sites/default/files/2026/04/strategic_plan_2026-2029_en.pdf

United Nations Statistics Division. (2026). Goal 11: Sustainable cities and communities. The Sustainable Development Goals Report 2026. https://unstats.un.org/sdgs/report/2026/Goal-11