10 años del 16A: El terremoto que partió la ciudad y la tarea urbana que Ecuador todavía no termina

El terremoto del 16 de abril de 2016 no fue solamente un desastre natural; fue, sobre todo, un hecho urbano. Ocurrió a las 18:58, tuvo magnitud 7,8 Mw, se sintió durante casi 75 segundos y afectó con mayor severidad a Manabí y Esmeraldas. Según la evaluación oficial de Senplades, con corte posterior a las réplicas de mayo de 2016, dejó al menos 663 fallecidos —cifra que luego subió a 668 en actualizaciones posteriores—, unos 80.000 desplazados y daños masivos en vivienda, equipamientos, salud, educación e infraestructura. El costo total estimado de reconstrucción ascendió a USD 3.343,8 millones, de los cuales USD 652,8 millones correspondieron solo al subsector vivienda. No estamos, por tanto, ante un episodio que pueda leerse únicamente desde la ingeniería estructural o la respuesta humanitaria; estamos ante una ruptura del sistema urbano ecuatoriano en una de sus franjas más dinámicas y vulnerables.

El dato más duro, desde la perspectiva del urbanismo, es que el sismo no golpeó sobre un territorio neutro. La propia evaluación oficial señaló que el impacto fue mayor allí donde ya existían factores de vulnerabilidad acumulada: edificaciones informales o deficientes, poca atención al tipo de suelo, altos niveles de pobreza, déficits cualitativos de vivienda y coberturas insuficientes de agua y alcantarillado. Senplades registró 35.264 viviendas afectadas; de las urbanas, 13.962 quedaron colapsadas, por demoler, inseguras o de uso restringido, y de las rurales, 15.710 quedaron en esas mismas categorías. En salud se perdieron 537 camas hospitalarias; en educación se identificaron 875 escuelas afectadas. Es decir, el terremoto no solo tumbó estructuras: interrumpió redes de vida cotidiana, acceso a servicios, circuitos económicos y relaciones de centralidad que sostenían la ciudad real.

Por eso, diez años después, la pregunta correcta no es si Ecuador reconstruyó edificios, sino si reconstruyó ciudad. Y la respuesta, desde una lectura crítica del urbanismo y el desarrollo urbano, es incómoda: se avanzó en reposición física, pero no siempre en recomposición territorial. El 16A evidenció que nuestras ciudades costeras habían crecido con una mezcla peligrosa de informalidad, débil control constructivo, centralidades sobrecargadas, vulnerabilidades socioespaciales y escasa cultura de gestión del riesgo. Lo que vino después mostró otra debilidad: la reconstrucción tendió con frecuencia a operar por piezas, por proyectos y por urgencias, cuando lo que se requería era una visión integral de estructura urbana, suelo, movilidad, vivienda, espacio público y reactivación económica. Esa distancia entre reconstruir objetos y reconstruir ciudad es, todavía hoy, la herida más profunda que dejó el terremoto.

“El 16A no solo destruyó edificios: interrumpió redes de vida cotidiana, economías urbanas y centralidades que sostenían la ciudad."

Antes del terremoto, Manta y Portoviejo ya expresaban tensiones urbanas que el sismo volvió imposibles de ocultar. En Portoviejo, la literatura académica ha planteado que el evento acentuó dinámicas de suburbanización ya presentes desde décadas atrás y profundizó la fragmentación morfológica y social de la ciudad. El trabajo de Ponce y Pelegrín sostiene que el debate no debía reducirse a reconstruir el centro histórico-comercial, sino a reconstruir la ciudad en su conjunto, recuperando funciones de centralidad, mezcla de usos y cohesión urbana. Esa observación es crucial: cuando una ciudad pierde su centro no solo pierde edificaciones; pierde capacidad de encuentro, intercambio, densidad económica y continuidad simbólica. El problema post-sismo, entonces, no era únicamente levantar nuevas construcciones, sino evitar que el miedo, la especulación y la dispersión territorial transformaran la catástrofe en una nueva forma de expansión desordenada.

La reconstrucción de Portoviejo deja una lección que Ecuador debería estudiar con más honestidad. Un artículo de 2025 sobre gobernanza en la regeneración post-terremoto del centro histórico y comercial concluye que, pese a que se abordaron dimensiones sociales, económicas y ambientales, la regeneración urbana sigue expuesta a vulnerabilidades y amenazas; además, identifica problemas en estructura urbana, infraestructura y gobernanza. El mismo estudio subraya la despoblación del centro y la insuficiente participación ciudadana como factores que limitan la recuperación integral. Esa conclusión importa porque revela que la resiliencia urbana no depende solo del presupuesto invertido ni de la cantidad de obra ejecutada: depende de si la población vuelve, si la centralidad se recompone, si la movilidad cotidiana funciona, si el espacio público recupera valor y si las decisiones se toman con quienes viven y trabajan el territorio. Sin eso, la reconstrucción puede producir imagen urbana, pero no necesariamente tejido urbano.

La vivienda, en este punto, merece una crítica específica. El discurso público posterior al 16A instaló la idea de que reconstruir equivalía principalmente a entregar casas. Sin embargo, la literatura internacional y los estudios sobre el caso ecuatoriano muestran que la vivienda post-desastre no puede reducirse a una unidad edificada. El análisis de Testori y otros, sobre cuatro ciudades manabitas, encontró que en 11 reasentamientos se construyeron 2.716 viviendas, equivalentes al 91% de las unidades levantadas por el gobierno nacional en los casos estudiados, pero también advirtió los límites de una estrategia top-down que privilegió metas cuantitativas y rapidez sobre accesibilidad, habitabilidad y articulación urbana. El estudio es especialmente severo con la localización periférica de varios reasentamientos, que afectó la conectividad, encareció la movilidad cotidiana y debilitó la reproducción social y económica de los hogares. Desde el urbanismo, la lección es clara: una casa lejos de la ciudad, del trabajo y de las redes sociales puede resolver una emergencia habitacional y, al mismo tiempo, profundizar una precariedad urbana.

Aquí aparece uno de los grandes “antes y después” del 16A. Antes del terremoto, muchas familias y economías populares vivían en tejidos urbanos imperfectos, incluso vulnerables, pero integrados a la lógica diaria de la ciudad. Después del terremoto, parte de la reconstrucción desplazó población y actividades hacia nuevas localizaciones que, aunque más seguras en términos inmediatos, no siempre reprodujeron las condiciones de centralidad, cercanía y mixtura que sostenían la vida urbana. Eso explica por qué la reconstrucción física no siempre se tradujo en recuperación urbana. La literatura sobre reasentamientos señala, además, que el proceso ignoró con frecuencia recomendaciones de cooperación internacional, urbanismo y academia, y dejó como saldo lugares estigmatizados, segregados o de difícil adaptación. En otras palabras, el problema no fue solo técnico; fue conceptual. Se reconstruyó mucho desde la lógica del objeto aislado y poco desde la lógica del hábitat, del derecho al territorio y de la continuidad de la ciudad vivida.

“Tarqui no necesita una reconstrucción nostálgica ni una suma de obras dispersas; necesita un verdadero proyecto urbano.”

En Manta, la herida urbana tiene nombre propio: Tarqui. Hablar del 16A desde el urbanismo obliga a hablar de la zona cero como una centralidad rota. Tarqui no era únicamente un área dañada; era uno de los espacios más intensos de comercio, interacción social, movilidad y producción urbana del cantón. La investigación académica reciente de ULEAM sobre la evolución del centro urbano de Tarqui es contundente: el sector perdió funciones de centralidad, dejó de ejercer poder de atracción y hoy mantiene problemas de estancamiento productivo, espacios en desuso y ausencia de un enfoque efectivo de rehabilitación. La tesis plantea que, en una ciudad que aspira a ser policéntrica, esa centralidad debe recuperarse sin fragmentar más el tejido urbano. Esa frase condensa el desafío principal de Manta: no basta con aceptar que la actividad comercial migró; hay que preguntarse si la ciudad puede permitirse renunciar definitivamente a uno de sus núcleos históricos de urbanidad.

Lo más preocupante es que, diez años después, Tarqui sigue funcionando como una evidencia visible de reconstrucción inconclusa. Reportajes publicados en abril de 2026 describen una zona todavía marcada por edificios vacíos, comercio muerto y escasa reactivación, mientras buena parte de la actividad se desplazó a Nuevo Tarqui. Desde luego, el periodismo no reemplaza al diagnóstico urbano, pero sí confirma algo que la academia venía observando: la zona cero no ha recuperado ni su densidad funcional ni su centralidad económica original. Incluso el informe de gestión municipal de 2024 muestra intervenciones parciales en Tarqui —como una plaza comercial, videovigilancia en Nuevo Tarqui y la regeneración de la avenida 108 junto con la reconstrucción de la Plaza Pescador—, lo cual sugiere que la respuesta pública visible ha estado compuesta más por piezas sueltas que por un programa integral y sostenido de recomposición de la zona cero. Esa lectura es una interpretación del documento municipal, pero una interpretación razonable a la luz de lo que el mismo informe exhibe públicamente.

Desde una mirada crítica, el problema de Tarqui no es solo la lentitud de la obra o la insuficiencia de inversión. El problema es más profundo: no se ha consolidado un proyecto urbano capaz de devolverle al sector una función estratégica dentro de la estructura de Manta. Cuando una centralidad se destruye, la ciudad tiene dos caminos. Puede resignarse a la dispersión, aceptando la pérdida como un ajuste espontáneo del mercado y del territorio. O puede intervenir para reconstruir centralidad, pero no como réplica nostálgica del pasado, sino como nueva centralidad adaptada al riesgo, al clima, a la movilidad contemporánea y a una economía urbana más diversa. En Tarqui, el segundo camino sigue pendiente. Y eso es grave, porque una ciudad portuaria y costera como Manta no debería normalizar grandes vacíos centrales en una de sus parroquias más simbólicas; esos vacíos terminan produciendo discontinuidad, inseguridad, pérdida de valor urbano y erosión de identidad colectiva.

Por eso, la discusión propositiva para Tarqui no puede empezar por la pregunta “qué edificio hace falta”, sino por “qué modelo urbano hace falta”. La literatura ya ha abierto varias pistas. Una tesis de la UCE propuso recuperar los valores de centralidad de la zona cero mediante mixtificación de funciones, vivienda social, comercio y servicios, incorporando gestión de riesgo y eficiencia energética en un frente costero particularmente sensible. Otra investigación de la PUCE plantea aprovechar los espacios vacíos generados por el terremoto con una regeneración integral que combine uso de suelo mixto, mejora del hábitat, control de movilidad, recreación activa y soluciones basadas en la naturaleza. Lo valioso de estas propuestas no es el detalle formal, sino el cambio de paradigma que sugieren: Tarqui no debe pensarse como lote vacío a rellenar, sino como laboratorio urbano para recomponer centralidad, reducir vulnerabilidad y producir un nuevo pacto entre costa, ciudad y espacio público.

En términos de desarrollo urbano, eso implica al menos cinco desplazamientos de enfoque. Primero, pasar de la reconstrucción monofuncional a la mezcla de usos. Tarqui no debería volver a ser solo comercio intensivo ni solo residencia ni solo una gran operación vial. Necesita vivienda, comercio, equipamientos, servicios, espacio público y actividad económica coexistiendo en densidades adecuadas. Segundo, pasar del parcelario fragmentado a proyectos de recomposición por piezas urbanas estratégicas: manzanas, corredores y nodos, no solo predios individuales. Tercero, pasar de la simple ocupación del suelo a una ocupación condicionada por riesgo, drenaje, accesibilidad, ventilación y capacidad de soporte urbano. Cuarto, pasar de la reactivación económica aislada a una estrategia que vincule economía popular, logística urbana, turismo, frente costero y proximidad. Quinto, pasar de la obra pública dispersa a una gobernanza urbana con participación real de comerciantes, residentes, profesionales, academia y municipio. Estas no son fórmulas abstractas; son condiciones mínimas para que la zona cero deje de ser una cicatriz y vuelva a ser ciudad.

También hace falta corregir una vieja confusión ecuatoriana: creer que gestión del riesgo equivale únicamente a reglamentación sismorresistente. La seguridad estructural es indispensable, pero no suficiente. El propio análisis oficial del 16A vinculó parte del desastre a la combinación entre malas condiciones constructivas y poca consideración del tipo de suelo. Los estudios posteriores sobre vulnerabilidad y reconstrucción han insistido en que el riesgo es una construcción social y territorial, no solo una amenaza física. En consecuencia, Tarqui y otras áreas afectadas deben planificarse desde una matriz más amplia: microzonificación, drenaje urbano, infraestructura azul-verde, continuidad peatonal, sombra, confort climático, evacuación, accesibilidad universal, y redes de equipamientos de proximidad. Si la reconstrucción ignora esas variables, la ciudad puede quedar mejor edificada, pero seguirá siendo frágil. Y una ciudad frágil no es aquella que solo puede colapsar; también es aquella que no logra recomponer su vida urbana después del choque.

Portoviejo, por su parte, muestra que la recuperación de un centro no puede desligarse de la calidad de la gobernanza. La evaluación reciente sobre su regeneración insiste en la necesidad de una regeneración integral y de fortalecer la participación vinculante. Esto es particularmente relevante para Manta. Tarqui no debería ser decidida solo desde la administración municipal ni solo desde el mercado inmobiliario ni solo desde la nostalgia comercial. Requiere un dispositivo de proyecto urbano que traduzca visiones técnicas en acuerdos territoriales duraderos. Y eso supone abrir concursos de ideas, mesas de trabajo permanentes, protocolos de actuación por fases, incentivos normativos para mezcla de usos, mecanismos de gestión del suelo y reglas claras para la inversión privada. El urbanismo no puede seguir llegando después del desastre como comentario estético o como regularización tardía. Tiene que ingresar desde el inicio como instrumento rector del desarrollo urbano y como mediador entre memoria, riesgo y futuro.

Diez años después, el terremoto sigue interpelando a los profesionales de la planificación porque puso en evidencia dos déficits históricos del Ecuador urbano. El primero es la débil articulación entre planificación y construcción de ciudad real. El segundo es la falta de una cultura robusta de proyecto urbano para la post-catástrofe. En Manta y Portoviejo hubo diagnósticos, inversiones y normas, pero el balance sigue mostrando vacíos de continuidad, de apropiación y de centralidad. La ciudad post-sismo no puede ser solo más segura; tiene que ser más integrada, más próxima, más diversa y más democrática. La resiliencia urbana no consiste en volver a lo mismo ni en llenar el vacío de cualquier manera. Consiste en transformar la tragedia en oportunidad para corregir las lógicas que la hicieron más destructiva. En ese sentido, el 16A todavía no termina: continúa allí donde seguimos discutiendo cómo ocupar, conectar, densificar, mezclar y gobernar nuestros territorios costeros.

“No basta con reconstruir lo perdido: el desafío es producir una ciudad mejor que la que existía antes del desastre.”

El terremoto del 16 de abril de 2016 marcó un antes y un después en el Ecuador urbano porque reveló, con violencia, que la ciudad no se quiebra solo por la fuerza de la naturaleza, sino por la acumulación previa de errores territoriales. Colapsaron edificios, sí; pero también colapsaron certezas sobre cómo habíamos venido creciendo. Colapsó la idea de que bastaba urbanizar sin estructura. Colapsó la creencia de que la informalidad podía seguir siendo tolerada sin costo sistémico. Y colapsó, sobre todo, la ilusión de que la reconstrucción podía limitarse a reponer obra física. A diez años del 16A, Manta y Portoviejo muestran avances, pero también evidencian que la recuperación urbana profunda requiere algo más exigente: recomponer centralidades, fortalecer la gobernanza, hacer de la gestión del riesgo una lógica de ordenamiento y no un anexo técnico, y devolverle a la ciudadanía el derecho de participar en la producción de su hábitat.

En Tarqui, esa tarea sigue abierta y, por eso mismo, sigue siendo una oportunidad. La zona cero de Manta no debería entenderse como un vestigio incómodo del pasado ni como un problema a contener, sino como el lugar donde la ciudad puede ensayar una nueva generación de desarrollo urbano costero: mixto, resiliente, habitable, económicamente activo y socialmente incluyente. Allí hace falta vivienda sobre comercio, espacio público de calidad, infraestructura ambiental, movilidad de proximidad, reglas urbanas inteligentes y mecanismos de gestión que permitan coordinar interés público e inversión privada sin perder el sentido del lugar. Pero, sobre todo, hace falta ambición intelectual y profesional. El llamado, entonces, es claro: arquitectos, urbanistas, planificadores, ingenieros, promotores, academia y sector público deben volver a mirar Tarqui no como un terreno residual, sino como el proyecto urbano más importante pendiente en Manta. Si la zona cero logra levantarse como nueva centralidad y no solo como suma de obras dispersas, entonces quizá podremos decir que el país comenzó, por fin, a aprender la lección urbana del 16A.

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